El grupo jurídico liderado por la abogada Odila Helga Castillo Bonilla publicó un firme pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las imputaciones que han circulado recientemente en múltiples plataformas de noticias panameñas.
La defensa describió estos reportes como agresiones maliciosas, impulsadas por intereses económicos particulares y concebidas para perjudicar tanto la credibilidad profesional como la vida personal de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene la carencia de base y la infracción de derechos
Carlos Carrillo, parte del grupo jurídico de Castillo, afirmó que las denuncias no tienen respaldo y pretenden entorpecer la trayectoria de la joven letrada y su socia. Destacó que tras estos asaltos se encuentran intereses económicos encubiertos que desean aprovecharse del deterioro de la imagen de Castillo.
La defensa subrayó que este no es el primer asalto mediático al que se enfrenta la abogada. Rememoraron un suceso parecido que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño divulgó información falsa acerca de una presunta detención de Castillo, noticia que fue rectificada más adelante.
Medias verdades y transgresión de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo legal, tanto las acusaciones recientes como las de 2021 se sustentan en «verdades incompletas», manipuladas con el fin de perjudicar el ejercicio profesional de la abogada Odila Castillo. Asimismo, denunciaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, dado que parte de la investigación proviene de un proceso familiar que ya ha concluido.
Asimismo, se hicieron públicos datos sensibles como movimientos migratorios y declaraciones fiscales, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilícita.
Monitoreo ilícito y procedimientos legales en marcha
La defensa destacó que Castillo ha sido objeto de seguimiento mediante GPS, lo cual representa una evidente infracción a su privacidad y constituye una forma de monitoreo ilegal. Carrillo manifestó que se han comprometido los derechos fundamentales de su defendida, protegidos por la Constitución y las leyes panameñas.
Anunció que se tomarán todas las medidas legales requeridas para establecer la responsabilidad por los daños ocasionados y aquellos que se busquen infligir. El equipo jurídico se mantiene decidido en su objetivo de proteger a Castillo y llevar ante la justicia a quienes son responsables de esta campaña de desprestigio.
