Los dispendios de la red que saqueó PDVSA: un helicóptero, 22 coches blindados y 5 millones en abogados | Internacional

Un pescador navega junto a parte de la infraestructura en ruinas de una plataforma de la compañía petrolera estatal venezolana, PDVSA, en el lago Maracaibo en Cabimas, el 9 de mayo de 2019.Michael Robinson Chavez (The Washington Post via Getty Images)

La red de exviceministros chavistas investigada en Andorra por el saqueo de 2.000 millones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) navegó por un desenfrenado tren de gasto mientras perpetraba el expolio de la principal compañía estatal del país latinoamericano. La compra de un helicóptero por 2,6 millones de dólares, 22 vehículos valorados en 5,7 millones ―algunos de ellos blindados― o el pago de 5,2 millones a un bufete de abogados fueron algunos de los dispendios que abonó la trama entre 2007 y 2015, según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El documento desvela que la organización adquirió por 2,6 millones en noviembre de 2011 un helicóptero nuevo Eurocopter Ec135. Con capacidad para seis pasajeros y piloto, este modelo cuenta con una espaciosa cabina, sistema de reducción de ruido y se comercializa como una opción solvente para vuelos privados.

La trama se hizo con la aeronave mediante la mercantil panameña High Advisory and Consulting S. A., que controla el empresario y presunto testaferro del grupo corrupto, Luis Mariano Rodríguez Cabello, según la Uifand. El documento de los investigadores andorranos está fechado en noviembre de 2022 y desgrana los pagos autorizados por la organización a través de una intrincada madeja de cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde la red ocultó presuntamente su botín.

Imagen de un helicóptero H135, un modelo que anteriormente se denominaba Eurocopter EC135. Christian Keller (Airbus)

La pasión por volar se fraguó también en la contratación de jets privados. El empresario Diego Salazar, presunto cerebro del grupo, se dejó 356.263 dólares entre marzo y agosto de 2009 en esta partida. La suma le permitió sufragar el traslado de pasajeros en aeronaves Hawker 1000, que está diseñada para trayectos de larga distancia y ofrece capacidad para ocho pasajeros y dos tripulantes.

A través de la compañía instrumental (sin actividad) de Rodríguez Cabello, la red que expolió la petrolera también compró por 5,7 millones entre 2014 y 2015 un total de 22 vehículos. El parque móvil contempló, entre otros, ocho todoterrenos Toyota 4 Runner Limited, 12 Toyota Corolla, un Toyota Land Cruiser ―que se adquirió blindado en un concesionario de Miranda (Venezuela)― y otro todoterreno de la misma marca, modelo Runner 2015.

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La seguridad fue una de las prioridades de la organización. Y, por eso, la trama se gastó otros 328.000 dólares en blindar su flota. Dos vehículos SUV (todoterrenos ligeros o urbanos) fueron sometidos a una protección nivel 5, concebida para evitar asaltos y secuestros y resistir armas cortas y largas, como rifles.

El sueño de un Ferrari

La atracción por el lujo fue otra constante entre los saqueadores. El hombre de paja de la red recibió en septiembre de 2011 un presupuesto de 350.000 dólares para hacerse con un Ferrari GTB Fiorano, un exclusivo deportivo fabricado en aluminio. El informe no revela si Rodríguez Cabello adquirió finalmente el vehículo.

Imagen de un Ferrari GTB Fiorano en una feria de automóviles en Aviñón (Francia) en marzo de 2012. Jean-Marc Zaorski (Gamma-Rapho/ Getty)

Jugosa y sorprendente fue también la partida de abogados. La organización pagó a través de su testaferro 5,2 millones de dólares entre 2011 y 2014 al bufete venezolano Mata, Borjas and Priwin. Las facturas se abonaron bajo imprecisos conceptos como “honorarios por servicios” y “gastos del proyecto inmobiliario”.

El letrado Albino Ferreras Garza, que en 2011 era socio del citado bufete, enmarca su relación profesional con el grupo de políticos chavistas en un contrato con la compañía InverDT CA, que tenía entre sus accionistas a Rodríguez Cabello y Diego Salazar. “Fuimos contratados por el departamento legal de InverDT CA para atender a lo que en aquel momento era una investigación sobre presunta legitimación de capitales instruida en la Fiscalía de Andorra”, responde a este diario el abogado por correo electrónico.

Ferreras Garza es un letrado próximo a las autoridades venezolanas y fue asesor jurídico de otras figuras que se participaron en la presunta trama de cobro de sobornos de la energética y sus filiales, como Rafael Sarría o Fidel Ramírez, según Armando.info.

Un ‘coach’ de 120.000 dólares

El análisis de los pagos revela curiosos dispendios como 120.000 dólares desembolsados en marzo de 2014 por servicios de coaching.

La red, que manejó un emporio inmobiliario valorado en 52 millones que contempló 21 propiedades de lujo, tal y como desveló este periódico, destinó buena parte de su caudal de fondos a remozar y decorar sus inversiones en ladrillo. Así, la trama pagó 200.000 dólares por el proyecto de remodelación de tres apartamentos en el edificio Torre Edicampo de Caracas; 200.000 en carpintería; 198.369 por la iluminación de oficinas y viviendas residenciales; 178.000 por equipos de aire acondicionado; 80.530 en artículos de decoración; y 55.489 por “asesoramiento en materia de seguridad e infraestructura”, según los documentos.

El apartado de decoración y complementos se completa con una factura de 123.900 euros que la red abonó en octubre de 2012 a la exclusiva tienda francesa de platería y vajillas Christofle.

Emprendimiento con fondos del expolio

A través de la firma instrumental del presunto hombre de paja de la organización, Luis Mariano Rodríguez Cabello, la organización que saqueó PDVSA también se gastó más de un millón de euros en el proyecto para la construcción de un comedor industrial en Caracas. La suma contempló el desembolso de 169.484 dólares en equipamiento de cocina.

Una treintena de exfuncionarios de la poderosa firma estatal y exdirigentes chavistas integraron la red que expolió PDVSA entre 2007 y 2012. Los antiguos hombres fuertes del expresidente Hugo Chávez (1999-2013), los ex viceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, formaron parte de esta organización que levantó un esquema para ocultar el cobro de comisiones ilegales. La trama percibía presuntamente un 10% de los empresarios, especialmente chinos, que conseguían adjudicaciones públicas de la energética y sus filiales.

Para amagar el caudal de dinero negro del supuesto pago de sobornos, la organización ocultó su botín a través de una opaca telaraña de cuentas en la BPA, a 7.400 kilómetros de Caracas. El entramado off shore circuló mediante una treintena de sociedades en Suiza y Belice.

Para enmascarar de legalidad el latrocinio, los ingresos se camuflaron bajo el paraguas de unos trabajos de asesoría que, según los investigadores, no existieron. La Justicia andorrana atribuye a los miembros de la trama blanqueo de capitales en establecimiento bancario. Y la BPA, la entidad del pequeño país pirenaico que acogió el caudal de dinero sucio, fue intervenida en 2015 por las autoridades de este país por el supuesto lavado de capitales de grupos criminales.

El abogado de los chavistas: “No había razones legales para el bloqueo”

El letrado Albino Ferreras Garza, que en 2011 era socio del bufete venezolano Mata Borjas, Priwin and Ferreras –una firma que cobró 5,2 millones de la trama chavista entre 2011 y 2014, según la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand)- asegura que la compañía de la que formó parte prestó servicios reales desde 2010 al grupo de presuntos expoliadores de Petróleos de Venezuela S. A. (Pdvsa). Y que estos trabajos se intensificaron en 2011, cuando arrancaron las pesquisas en Andorra sobre el supuesto origen irregular del dinero de la organización. “La primera providencia fue solicitar una entrevista con el departamento jurídico de la Banca Privada d’Andorra (BPA) para conocer la opinión institucional del caso y, conforme a la posición del banco, no había posiciones para el bloqueo”, responde el abogado por correo en alusión a la decisión de trabar los fondos del grupo en la entidad andorrana.  
Según Ferreras Garza, posteriormente, “se solicitó a un abogado norteamericano la investigación sobre causas abiertas en Nueva York que pudieran estar vinculadas a las causas del bloqueo”. Sus servicios profesionales, añade, consistieron en “efectuar una tarea de coordinación de especialistas de diferentes jurisdicciones”.  
La relación entre el grupo chavista y los presuntos expoliadores se inició en 2010, según el letrado. “Se solicitó mi asistencia para la adquisición de una compañía de ingeniería”, explica Ferreras Garza.  
El abogado admite que ese año abrió una cuenta en la BPA –la entidad a la que recurrió la trama chavista para ocultar el presunto expolio de la petrolea- para cobrar sus servicios profesionales. Y precisa que la compañía de la que formaba parte prestó sus servicios a la sociedad InverDT CA (y no a High Advisory and Consulting S. A.). “Entendemos que [esta última empresa] es una unidad de tesorería bajo la administración directa del señor Rodríguez”.  

investigacion@elpais.es

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